El régimen estrecha los espacios de los ciudadanos construyendo una realidad inexistente a partir del Estado, por ello la sociedad civil pierde participación y se le niega el diálogo, cuando para asumir a plenitud la condición de ciudadanos las autoridades deben hacer respetar las normas existentes.
En el caso particular de los motorizados hay una estrategia de absoluta permisividad, por eso es muy raro el secuestro, sicariato o atraco donde no aparezcan entre sus ejecutantes y es cotidiano encontrarse con el cadáver de algún conductor en las vías rápidas. ¿Por qué el gobierno no toma medidas para supervisar y también proteger 1.500.000 motorizados que circulan en el país, según cifras del INTT?
Lamentablemente nunca se terminó el censo que se inició hace unos años, que debe comprender la propiedad del vehículo, el carnet único, placa, casco, chaqueta, en un registro de carácter nacional, todo con el propósito de establecer una estadística y procedimientos para reducir su implicación en delitos y las manipulaciones del oficialismo contra la disidencia.
El usuario de una moto debe portar un casco que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad, además el enorme porcentaje que utiliza su vehículo como instrumento de trabajo necesita de un seguro colectivo y de centros de atención.
El régimen ha optado por dejar que los motorizados hagan lo que les da la gana, desplazarse en vía contraria y/o por las aceras, agredir a cualquiera por la mínima causa, despojar de sus pertenencias a los conductores y causar daños a los vehículos en las colas; así como igualmente trancan las vías por múltiples reclamaciones y se han convertido en un problema de orden público, porque determinados grupos disponen de un salvoconducto político, ya que son utilizados como herramientas para amedrentar votantes o disolver protestas.En los delitos de alta violencia aparece casi inevitablemente un motorizado como victimario y en ocasiones como víctima. Un medio de transporte de estas características con una persona armada y sin identificación, es el decorado previo a la violencia criminal, porque la permisividad termina siempre en impunidad y es responsabilidad directa de las autoridades lo que está ocurriendo.
Estamos ante una crisis de salud pública, ya que alrededor de 2.000 conductores han fallecido en los últimos dos años, según cifras de Ciesvial y la tasa de mortalidad es 40 veces más alta que la de un ocupante de un automóvil, sin contabilizar la gravedad de las lesiones y el costo de la hospitalización y rehabilitación.Según el censo 2011, presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas 8,6% de los hogares venezolanos cuentan por lo menos con una moto y no se ha logrado aplicar la prohibición de trasladar niños menores de 10 años, aparte de las salvajes agresiones que realizan en el curso de sus cortejos fúnebres.
Hay que desarrollar una política pública eficiente con los motorizados, para reducir la criminalidad violenta y la tasa de mortalidad en las vías públicas: la impunidad masiva revela cruelmente el colapso institucional.
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